DEBATE SOBRE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO SIGUE PENDIENTE

En el marco de la discusión del proyecto de moratoria a la minería metálica promovido por las diputadas Ana Matilde Gómez y Alida Spadafora, se realizaron dos jornadas en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos del Órgano Legislativo, a fines del año pasado.

La última jornada fue solicitada por organizaciones en contra de la minería como reacción a la primera, en la que la Cámara Minera de Panamá (Camipa) presentó las “ventajas económicas” de la actividad y el discurso de moratoria e institucionalidad, como uno de “los principales acuerdos” de la Mesa de Diálogo por el Desarrollo de los Recursos Minerales. Afirmo, como participante de la “mesa de diálogo”, que tales “acuerdos” no existen. Lo que la Camipa ha seguido promoviendo como acuerdos, es la consolidación de posiciones entre sectores afines a la minería, que quedaron conversando entre sí tras la salida del sector ecologista y comunitario, debido al sesgo en la composición y manejo del “diálogo”.

El discurso de moratoria e institucionalidad de la Camipa busca confundir conceptos y desarticular redes, es una línea de comunicación que se complementa con la amenaza de demandas contra el Estado y el discurso de “beneficios económicos”, ignorando los costos socioambientales. En su intervención sobre el mismo tema, a inicios del mes de abril ante el pleno del Legislativo, la titular del Ministerio de Ambiente señaló los efectos negativos de la minería sobre cuencas, costas y suelos, su incompatibilidad con el sistema de áreas protegidas y la biodiversidad, recordando además que “parte de la campaña del actual Presidente era la de una moratoria a la minería... [lo que] permitiría al Gobierno convocar a un diálogo nacional sobre la conveniencia o no de esta actividad para el país”.

En efecto, la oferta electoral del actual gobierno señalaba entre sus objetivos “declarar una moratoria a nuevas concesiones mineras y revisar las concesiones vigentes”. El incumplimiento comprobado de obligaciones por parte de las empresas mineras llevó a que el Presidente reiterara en enero la necesidad de una moratoria, mientras el ministro de Comercio e Industrias expresaba que no aprobaría nuevas concesiones hasta finalizar la auditoría a aquellas otorgadas en gobiernos anteriores.
Sin embargo, el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019 incluye la minería como uno de los sectores clave de inversión, a pesar de ser descrita en el documento como una actividad “altamente intensiva en capital, con limitada capacidad de generación de empleo, eslabonamientos productivos acotados y externalidades ambientales sobre el medio local que muchas veces son difíciles de mitigar y compensar”.

Este debate necesario tiene que ser democrático, no puede reducirse a números y el interés económico de pequeños grupos. Implica definir niveles de riesgo colectivo y prioridades sobre la disponibilidad y uso de elementos naturales. El debate entre sectores de gobierno, privado, organizaciones sociales y comunidades está planteado, entre la explotación insostenible de la naturaleza con efectos netos negativos –incluso intergeneracionalmente– para lograr beneficios económicos concentrados en pocas manos, o la gestión sustentable del ambiente para un modelo de vida en equilibrio con la naturaleza.

por Ramón Benjamin, abogado activista, 

miembro de la Comisión de DH y Ecología MIREN