La constituyente que desea la partidocracia

La lucha por una constituyente, que data de la década de 1970, adquiere mayor fuerza en las elecciones de 1984, cuando el Partido Acción Popular (Papo), presentó como propuesta central, la convocatoria respectiva.

Bajo el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, un grupo de ciudadanos, coordinados por el ya fallecido padre Néstor Jaén, recogimos firmas para que se incluyera la quinta papeleta en las elecciones, en las que resultó electo Martín Torrijos. Esta consistía en un referendo para que el electorado decidiera si quería una nueva Constitución, a través de una constituyente paralela.
Esa pregunta dividió el grupo, ya que la lucha era por una constituyente originaria y soberana. Algunos activistas decidieron retirarse, otros, pese a lo ocurrido, continuamos la labor.

En solemne ceremonia, el Comité Ecuménico entregó al Gobierno Nacional más de 35 mil firmas, debidamente auditadas, las cuales fueron archivadas.

Producto de la presión popular, los partidos PRD y Arnulfista pactaron reformar la Constitución. Luego de las elecciones, Mireya Moscoso convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para aprobar las propuestas del PRD, que presidiría el próximo gobierno.

De ese pacto, es que surge el Art. 314 que crea la constituyente paralela para perpetuarse en el poder, negándole el derecho al pueblo panameño de ejercer el poder constituyente.

Dicho artículo señala que la iniciativa ciudadana para convocar la constituyente requiere al menos el 20% del padrón electoral, unas 506 mil 971 firmas, pero limita el plazo para la recolección de estas a seis meses. Esa limitante es contraria al poder constituyente, que es ilimitado y originario. Además señala que estará integrada por 60 constituyentes, sin fundamentar de dónde provendrán. La cantidad de constituyentes es materia de la convocatoria y debe ser consensuada con la sociedad, en lugar de obedecer a imposiciones.

Lo más grave es que la nueva Constitución no tendrá efectos retroactivos, lo que implica que con el actual sistema jurídico que han creado los diputados, los involucrados en los escándalos de corrupción pueden salir ilesos o con sanciones negociadas; evadir la justicia y mantener en sus manos dinero proveniente del Estado, que es de todos.

Evitan, con ello, que en la nueva Constitución se puedan crear mecanismos para sancionar a los delincuentes y recuperar los dineros, producto de la corrupción, independientemente del tiempo transcurrido.

En cuanto a las actuales autoridades, electas: Presidente, diputados, alcaldes y representantes; y las designadas: magistrados, procuradores, y otros, el artículo 314 señala que no serán afectadas en sus períodos, por lo que tenemos que esperar a que se les venza, aunque ello signifique seguir hundiendo al país en una situación de ingobernabilidad.

La verdadera constituyente, originaria y soberana, mandata a nuevas elecciones, en base a la nueva Constitución. Sirve para renovar el Estado, sacar a los corruptos del poder y llevar –a quienes se les compruebe hayan cometido delito– a una verdadera justicia.

La situación que vive el país, exige, en consecuencia, una constituyente originaria y soberana. Todo depende de la voluntad y el accionar del pueblo.

Por Raul González, abogado y docente, constitucionalista, miembro del Equipo Coordinador del MIREN