Varela: Un año después

                                                                                                                                   

A más de un año de las elecciones del cuatro de mayo de 2014, en la que resultó electo como Presidente de la República el Ingeniero Juan Carlos Varela, resulta útil analizar el significado de los primeros 11 meses de su gestión administrativa.

Esto es significativo si se tiene en cuenta que, tal como lo señaló en su momento Carlos Matus, quien desarrolló la teoría y el método de la planificación estratégica pública, las primeras acciones de un gobierno marcan de manera significativa la visión que la población mantendrá sobre el mismo a lo largo del tiempo. Se trata, dicho sea de paso, de una posición que coincide con el llamado enfoque de la “Psychonomics”, en la que las percepciones salientes y las asociaciones mentales juegan un papel importante en la evaluación de las situaciones.

En el plano de las investigaciones por actos de corrupción el arranque de la actual administración pareció empezar por buen camino, destacándose en este sentido los hallazgos vinculados con el Programa de Ayuda Nacional (PAN), así como los vinculados con el caso de Cobranzas del Istmo S. A (CISA). Sin embargo, la primera percepción positiva generada por estos elementos empezó a diluirse por diversos motivos.

Entre estos se pueden mencionar la creciente impresión de una justicia selectiva, caracterizada por tratamientos diferenciados, así como por la presencia de un alto nivel de nepotismo en el nuevo gobierno, el cual no ha sido plenamente reconocido por el mismo. El simple hecho de que la actual alta dirección del Ministerio de Economía y Finanzas haya efectuado un pago de B/. 7.0 millones a CISA, sea este doloso o producto de una notable torpeza administrativa, ha terminado por incrementar la desconfianza de la población frente a la transparencia del actual gobierno.

Desde el punto de vista social la situación gubernamental no resulta mejor. Es evidente que la percepción de la población en este aspecto apunta hacia los crecientes problemas no resueltos: el infame sistema de transporte público, la carencia de agua potable, la inseguridad pública, la crisis del sistema de salud, la deteriorada infraestructura de educación, etcétera. A esto, se debe sumar la también generalizada opinión en torno a la existencia de una significativa desaceleración de la economía, la que si bien es cierto que se puede explicar parcialmente por factores exógenos, también se debe a la lentitud del actual gobierno en desarrollar su planes de inversión pública, así como por su resistencia a desarrollar mecanismos de equidad social capaces de ampliar la demanda efectiva interna. No menos cierta es la visión del ciudadano común sobre un gobierno que, pese a sus promesas de campaña, está al borde de arruinar definitivamente la producción agropecuaria, poniendo en peligro las condiciones necesarias para el logro de la seguridad y la soberanía alimentaria.

No queda duda, además, que la población percibe que el alto y creciente costo de la vida, pese a la falsa política de control de precios puesta en práctica, sigue deteriorando el nivel de vida de los ciudadanos. El reciente e inadecuado manejo del problema de la leche es un claro ejemplo de esta problemática.

En el plano de la gobernabilidad una buena parte de la población empieza a divisar las falencias del ejecutivo. Este es el caso del pueblo Ngäbe Buglé y el caso de Barro Blanco, donde pese a que el Ministro de Gobierno reconoció la presencia de los múltiples incumplimientos por parte de la empresa que construye el proyecto hidroeléctrico, los representantes del ejecutivo decidieron unilateralmente no solo mantener el proyecto, sino dejar la operación de este en manos de GENISA. Ahora se sabe, además, que de manera opaca se concedieron permisos para continuar con la construcción, sin ni siquiera informar a los representantes del pueblo originario. Actualmente, además, es posible observar, que lejos de mostrar una actitud balanceada a favor del bien común, el actual gobierno cada día funciona más en base a las presiones de los llamados gremios empresariales. Esto es evidente no solo en el caso de Barro Blanco, también lo es en la resistencia del presidente a firmar la ley de Auspa, la cual daría un mínimo de protección al productor nacional.

Todas estas percepciones apuntan en una dirección: el camino de la actual administración está definitivamente trazado. El mismo llevará al fracaso final de la política neoliberal. Las fuerzas patrióticas y progresistas deben estar comprometidas con resistir esta política y crear las condiciones necesarias para un nuevo estilo de política y de desarrollo económico y social.

por Juan Jované, coordinador general del MIREN