La geopolítica detrás de los Panamá Papers

En 1989, las naciones más industrializadas del mundo, integrantes del G–7, decidieron instrumentar una serie de medidas contra los países y territorios clasificados como “paraísos fiscales”. Desde entonces, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se plantea toda una serie de exigencias, acuerdos y convenios que cerca de 98 países y territorios están obligados a cumplir.

Robert Fossaert, autor del libro, El mundo en el Siglo XXI, sobre este mismo tema señala: “Estados Unidos.... estableció, en 1986, y perfeccionó, en 1988, una ley sobre el control de préstamos –Money Lending Control Act– que intenta luchar contra el lavado de narcodólares, que no es más que una transferencia de capitales. En 1989, los jefes de Estado del G–7 decidieron cooperar para extender dichos controles. Así se inicia una política de eliminación del secreto bancario, cuyo objetivo es que desborde el comercio de estupefacientes, para extenderse a todas las transferencias de capital, consideradas ilícitas por los Estados de origen de estos capitales. Una deontología financiera de este tipo sanearía la profesión bancaria y favorecería enormemente el crecimiento económico mundial”.

Como se puede observar, las medidas más recientes del GAFI establecen reglas obligatorias de intercambio de información, pero Estados Unidos (EU) se ha negado a firmarlas. Como consecuencia de lo anterior, EU desplazó a Suiza como centro de destino de las grandes fortunas del mundo.

De una nota publicada en el diario español El País, el 3 de febrero de 2016, extraemos lo siguiente: “El pasado mes de septiembre, en una oficina de un bufete de abogados con vistas a la bahía de San Francisco, el director general de Rothschild, Andrew Penney, daba una charla sobre las alternativas de los más ricos para evitar pagar impuestos. Su mensaje era claro: hoy por hoy, la mejor opción es mover su fortuna a Estados Unidos, libre de cargas fiscales y a hurtadillas de los gobiernos. Algunos se refieren ya al país norteamericano, como “la nueva Suiza”.

Tras años arremetiendo contra otros países por ayudar a los estadounidenses más acaudalados a esconder su dinero, EU emerge como un paraíso fiscal de primer orden para los extranjeros adinerados. Gracias a su resistencia a las nuevas normativas internacionales de divulgación de información, EU ha pasado a ser centro de interés de las grandes fortunas para depositar su dinero. Todo el mundo, desde los abogados londinenses hasta los trust suizos ha visto la oportunidad y se han ofrecido a ayudar a los más ricos a trasladar sus cuentas corrientes desde las Bahamas o las Islas Vírgenes Británicas a estados como Nevada, Wyoming o Dakota del Sur.

La centenaria institución financiera europea Rothschild acaba de abrir una oficina en Reno (Nevada), a solo unos bloques de distancia de los míticos casinos Harrah y El Dorado. Ahora se dedica a sacar las fortunas de sus clientes extranjeros de países como islas Bermudas, donde están sujetas a la nueva normativa de divulgación de información, e introducirlas en sus trust de Nevada, donde están exentas.

Esto revela el verdadero objetivo de los Panama Papers. Estados Unidos quiere posicionarse como el principal paraíso fiscal del mundo y así controlar gran parte de los flujos internacionales de capital, ya sea de procedencia lícita o ilícita. Panamá es un paraíso fiscal desde la década de 1920. El cerebro intelectual de esta idea fue William Nelson Cromwell, quien fundó aquí una sucursal de la firma Sullivan & Cromwell e incluyó a Harmodio Arias, como miembro de esta firma por ser uno de los pocos abogados panameños que dominaba el inglés en esa época.

Cromwell era abogado de grandes empresas estadounidenses y estaba interesado en encontrar una jurisdicción que le permitiera a estas escapar de las regulaciones e impuestos que el gobierno del presidente Theodore Roosevelt promulgaba. La idea de Cromwell se materializó en la década de 1920, cuando se aprobó la Ley de abanderamiento de barcos (1925), la venta de sociedades anónimas (Ley 32 de 1927), las leyes de fideicomiso (1925), y las leyes de herencia (1932).

Panamá asume una posición equivocada, al negar que es un paraíso fiscal. Si el concepto de paraíso fiscal se ha convertido en una obscenidad es solo por razones políticas e intereses, porque en las décadas de 1950, 1960 y 1970 los centros de negocios extraterritoriales eran tolerados y prohijados por las grandes potencias. Y vale recordar que, en 1969, Nelson Rockefeller, entonces gobernador de Nueva York y hombre de confianza del desaparecido presidente Richard Nixon, visitó Panamá y manifestó su beneplácito con la idea de fundar, en este país, un centro bancario internacional.

Autor: Miguel Ramos, es economista, experto en el sistema financiero panameño, miembro del MIREN.